El nuevo proyecto del Gobierno redefine el concepto de "trabajador", abarata los despidos y limita el derecho a la huelga, marcando el mayor retroceso en derechos laborales de las últimas décadas.#trabajo #reforma #modernización #milei #argentina #derecha #ultraderecha #trabajadores

Este 1 de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH/Sida, nos encuentra en una paradoja cruel: Argentina cuenta con una legislación de vanguardia —la Ley 27.675— y un consenso científico claro sobre la estrategia Indetectable = Intransmisible (I=I), pero enfrenta un retroceso sanitario sin precedentes. Mientras la ciencia confirma que una persona en tratamiento no transmite el virus, el desfinanciamiento estatal pone en jaque esa misma posibilidad. La ecuación es simple y brutal: sin presupuesto no hay tratamiento, y sin tratamiento, el virus vuelve a ser una amenaza mortal y transmisible.

La "motosierra" del gobierno de Javier Milei pasó de ser un eslogan a una realidad que vulnera derechos humanos básicos. Los reportes indican un recorte de entre el 76% y el 92% en el Programa 22 durante 2024, encargado de la respuesta al VIH, Hepatitis y Tuberculosis. Esto no es un mero ajuste fiscal; es el desmantelamiento de la prevención combinada. La falta de preservativos (cuya distribución cayó un 44%) y la eliminación virtual de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) nos dejaron sin barreras de contención, exponiendo a las poblaciones más vulnerables a un riesgo sanitario inminente.

Epidemiológicamente, los datos del 2023 ya encendieron las alarmas que el ajuste actual promete agravar. Se estima que 140.000 personas viven con VIH en el país, pero el dato más preocupante es el diagnóstico tardío: el 45% de las personas se entera de su estado cuando la infección ya avanzó, cifra que trepa al 60% en provincias como Tierra del Fuego. Esta falla estructural en el "primer 95" (el diagnóstico) demuestra que el sistema de salud no está llegando a tiempo, y el retiro del Estado nacional solo profundizará esta brecha, delegando en ONGs una responsabilidad que es constitucionalmente indelegable.

Desde una perspectiva de género, la epidemia muestra desigualdades feroces. Si bien los varones cis siguen siendo numéricamente los más afectados, las mujeres cis son diagnosticadas significativamente más tarde (mediana de 37 años frente a 34 en varones). Esto sugiere que el sistema de salud solo "ve" a las mujeres cuando están embarazadas, fallando en ofrecer testeos rutinarios fuera del control prenatal. A esto se suma el crecimiento exponencial de la sífilis (con una tasa de 69,2 cada 100.000 habitantes), una "pandemia silenciosa" que evidencia el colapso de la educación sexual y la prevención primaria.

La desigualdad federal también marca el mapa del VIH. Mientras la Ciudad de Buenos Aires (CABA) logra sostener estándares de tratamiento del primer mundo (con 86,7% de indetectabilidad) gracias a un esfuerzo presupuestario local descomunal, funciona a la vez como un "embudo" que recibe la demanda de un conurbano y un interior desabastecidos. La diferencia entre nacer en CABA o en el NOA define hoy las probabilidades de acceder a un diagnóstico a tiempo o llegar con una enfermedad avanzada.

El escenario para 2025 es crítico. La interrupción en la compra de antirretrovirales y la falta de insumos para 2026 no solo amenazan con la vida de más de 15.000 personas que podrían quedarse sin medicación, sino que fomentan la resistencia del virus a los fármacos. Defender la Ley 27.675 no es una cuestión partidaria, es una urgencia de salud pública. El Estado debe restituir de inmediato las partidas presupuestarias; de lo contrario, seremos testigos de una regresión histórica que se medirá, lamentablemente, en vidas perdidas.

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Se cumplieron 50 años de la muerte de Francisco Franco, una fecha que obliga a revisar las sombras del régimen. Entre los archivos y la memoria política, hay un capítulo que durante mucho tiempo quedó abajo de la alfombra: la cacería sistemática contra la comunidad LGBT+. Durante casi cuatro décadas, ser homosexual, lesbiana o trans en España no solo era considerado un pecado mortal por la Iglesia, sino un delito perseguido con saña por el Estado

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