La visita del Papa a España ha tenido a la inmigración como uno de sus principales temas, especialmente tras el cierre de ayer y hoy en las Islas Canarias. Su intervención ayer fue aprovechada en parte por Pedro Sánchez para intentar sacarle partido a su favor, pero la cuestión es mucho más compleja de lo que plantea el presidente del Gobierno.

«El Papa ha mencionado que hacen falta políticas con respecto a la inmigración, e inmediatamente Pedro Sánchez ha dicho que lo está haciendo bien porque está regularizando a inmigrantes», comenta Mikel Buesa en nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro pulsando al inicio de estas líneas. Pero la solución de la inmigración que sugiere el Papa es mucho más difícil y requiere mucho más trabajo que el que propone Sánchez.

"Tras oír al Papa decir lo que ha dicho, he repasado el libro de Paul Collier sobre inmigración, que es muy interesante y muy importante. Su preocupación fundamental no es que hay inmigrantes, sino que la inmigración no conduzca a conflictos sociales importantes como el que hemos visto estos días en Irlanda del Norte.

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El Papa León XIV ha firmado este viernes el decreto de martirio del sacerdote Francisco González de Córdova y 79 compañeros mártires, que dieron su vida por la fe en la diócesis de Santander entre 1936 y 1937. El Pontífice lo ha aprobado después de recibir en audiencia al prefecto del dicasterio para la Causa de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro.

Según el Vaticano, «es en la Guerra Civil española de los años 30 del siglo pasado y en la consiguiente persecución religiosa donde se inscribe el testimonio de fe y de amor» de los 80 futuros beatos. «Algunos fueron arrojados al mar con las manos y los pies atados y una piedra atada al cuerpo; otros, desaparecidos en el barco-prisión Alfonso Pérez; otros más, asesinados y quemados; algunos murieron en una especie de campo de concentración», constata la Santa Sede De los 80, 67 eran sacerdotes, 3 religiosos carmelitas, 3 seminaristas y 7 laicos.

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De nuevo, a pesar del tiempo pasado, el 23-F vuelve a la actualidad. Sobre los sucesos ocurridos hace 45 años sabemos muchas cosas, pero no todo, y seguramente nunca llegaremos a conocer lo que ocurrió en realidad. El objetivo de los golpistas era reconducir la joven democracia española, con el fin de terminar manu militari con el terrorismo de ETA y suprimir el incipiente sistema de las autonomías. Entre los conspiradores había tres grupos perfectamente definidos: militares del Ejército de Tierra, guardias civiles y un grupo de civiles. Los motivos que llevaron a la unión de intereses de los diversos protagonistas eran básicamente los mismos: corregir los males de España.

De todos estos grupos, el casi absolutamente desconocido fue el de las tramas civiles del golpe. Todos los procesados y condenados por el 23-F guardaron silencio sobre otros compañeros de conspiración, que así pudieron quedar al margen de las detenciones. El único civil procesado fue el falangista y exprocurador en Cortes Juan García Carrés. Carrés había entrado en contacto con los sectores más descontentos de la Guardia Civil al ser el organizador de la campaña contra la desmilitarización de la Guardia Civil.

Carrés era uno de los miembros del grupo de falangistas liderado por José Antonio Girón de Velasco e integrado por el teniente general retirado Carlos Iniesta Cano, el teniente general Fernando de Santiago y Díez de Mendívil, José Sanz de Mieras… En aquellos tiempos eran responsables de la Hermandad Nacional de Combatientes, propietaria del periódico El Alcázar. Al ser el más joven del grupo, Juan García Carrés —y su secretario, el exdivisionario Arturo de Gregorio— era el miembro más activo y comprometido con lo que se avecinaba.

Carrés sirvió de enlace entre varios miembros de la conspiración. Antes del golpe vendió algunos de sus bienes para conseguir dinero en metálico. Dinero que sirvió para comprar los autobuses que deberían llevar a los guardias civiles, así como las gabardinas compradas por si era necesario camuflar los movimientos de estos por la ciudad. Los autobuses fueron puestos a nombre de Carmen Tejero y terminaron siendo vendidos a Guinea Ecuatorial.

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