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La exposición de menores a redes sociales se ha convertido en una preocupación creciente para empresas tecnológicas, juristas y responsables públicos. La posible prohibición del acceso a menores de 16 años en España abre un escenario regulatorio que afecta directamente a plataformas digitales, sistemas de verificación de edad y tratamiento de datos personales.

La tensión entre proteger a los menores y preservar la privacidad genera un debate jurídico complejo. Exigir barreras reales implica tratar datos personales, activar obligaciones del RGPD y diseñar mecanismos técnicamente eficaces sin caer en sistemas de vigilancia desproporcionados. El riesgo no está solo en el acceso, sino en cómo se implementan las soluciones.

En este editorial, Lara Novis analiza el alcance del proyecto de ley en tramitación, las implicaciones del Reglamento de Servicios Digitales y los desafíos legales de la verificación de edad. Una reflexión clave para directores de innovación, compliance officers y responsables jurídicos que necesitan anticipar el impacto normativo en sus organizaciones.

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La presión financiera, la falta de liquidez y la negativa de los bancos a renovar pólizas están llevando a muchas empresas europeas a una situación límite. Desde 2024, el aumento de quiebras y reestructuraciones fallidas refleja un problema recurrente: las compañías reaccionan tarde y con planes de viabilidad poco realistas.

El impacto no es solo económico. Para muchos empresarios, acudir a un procedimiento de reestructuración sigue percibiéndose como un fracaso personal. Esa carga cultural retrasa decisiones estratégicas y, cuando finalmente se actúa, el margen de maniobra es mínimo. La frustración aumenta cuando, tras negociaciones y homologaciones judiciales, la empresa termina igualmente en concurso de acreedores.

En esta entrevista, Óscar Casero, abogado especialista en Mercantil e Inteligencia Artificial y fundador de KSRO LAW TECH, explica cómo convertir una reestructuración en una verdadera herramienta de continuidad. Analiza las señales de alarma que no deben ignorarse, la importancia de los planes de viabilidad realistas, el papel del experto en reestructuraciones y las oportunidades que ofrece la venta de unidad productiva dentro del nuevo marco concursal europeo.

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La percepción de seguridad no siempre coincide con los datos oficiales. Mientras los balances de criminalidad apuntan a determinados descensos, los delitos graves y la cibercriminalidad siguen creciendo. En este contexto, el uso intensivo de estadísticas y herramientas de inteligencia artificial en la política criminal plantea una preocupación clara: ¿estamos midiendo mejor la realidad o estamos adaptando la realidad a los indicadores?

Esta tensión genera inquietud tanto en profesionales del derecho como en responsables públicos. La presión institucional por ofrecer cifras positivas, los posibles sesgos en la recogida de datos y el miedo social ante la aplicación de algoritmos en seguridad pública alimentan un debate complejo. La desconfianza puede aumentar si no se explica con claridad cómo funcionan estos sistemas y qué límites legales tienen.

En esta entrevista, Jaime Megías, experto en Política Criminal e Integración de IA, analiza cómo se están utilizando los datos en la estrategia contra el crimen, qué riesgos existen en la actual configuración estadística y cómo la inteligencia artificial, bien implementada y alimentada con big data diversa y transparente, puede convertirse en una herramienta eficaz para mejorar la objetividad, reducir la reincidencia y reforzar la seguridad sin vulnerar derechos fundamentales.

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