El Gobierno ya está dándole vueltas al modo de presentar de nuevo la subida de las pensiones sin la trampa de asociarla a la paralización de los desahucios. Cuando la propongan por separado, saben que todos los partidos la aprobarán, pero el catedrático Carlos Rodríguez Braun cree que el problema va mucho más allá: «Todos los partidos políticos están atrapados en un círculo del que no pueden salir: si dicen la verdad a los pensionistas, probablemente pierdan las elecciones, o al menos el voto de los pensionistas», dice en el audio que puede oírse sobre estas líneas, en diálogo con el también catedrático Rafael Pampillón.

«Nadie se atreve a reformar un sistema que es insostenible salvo que se cruja a los trabajadores con más cotizaciones e impuestos. Entonces la estrategia es seguir pateando el balón hacia adelante», añade.

El Gobierno ejerce el trilerismo con las pensiones, como también trata de ejercerlo Yolanda Díaz ofreciendo a la CEOE bonificaciones en el Impuesto de Sociedades a cambio de que voten a favor de la subida del salario mínimo interprofesional.

El trilerismo alcanza también a la regularización masiva de inmigrantes que acaba de anunciar el Gobierno: «Lo presenta como un acto humanitario, pero hay que hablar del impacto económico: de la presión sobre los servicios públicos; sobre el transporte, también el ferroviario; sobre el mercado de vivienda, los salarios más bajos... España necesita una inmigración ordenada, vinculada a los puestos de trabajo libres, al empleo que paga cotizaciones sociales», apunta en el audio Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad San Pablo CEU y la Universidad Villanueva.

Pampillón incide en que el Gobierno «no puede convertir esta política en un gesto electoralista», y Rodríguez Braun cree que ya lo está haciendo: «Puestos a pensar mal del Gobierno, lo que están intentando es cambiar el censo; buscar clientela. Es una visión a medio plazo, porque una cosa es regularizar a un inmigrante y otra que tenga derecho a voto».

La regularización afecta al inmigrante que ya está en España trabajando en negro, que «pasa a trabajar en blanco y a pagar impuestos y cotizaciones». Rodríguez Braun piensa que la regularización puede producir un efecto llamada, y coincide con Pampillón en que tiene «poco de humanitaria».

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La idea del Gobierno de dar 4.700 millones de euros más a Cataluña sigue creando polémica tres días después de que todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, se hayan manifestado en contra de que se haga.

En el audio que puede oírse al principio de estas líneas, el economista Diego Barceló explica que el sistema de financiación territorial existente actualmente en España «es muy malo» porque empezó en el año 2009: «Se hizo lo peor que se puede hacer: cambiar el sistema de financiación en medio de una crisis. Se prometió a todos que se les daría lo mismo, una suma fija que cada dos años se revisaría y se compensaría la diferencia. Es un sistema burocratizado y lento. Las comunidades no saben cuánto tienen para gastar. Es un desastre, y todavía es más desastre cuando se le quiere quitar a todos para darle a una de las comunidades más ricas -Cataluña-. Es un verdadero desastre que solo tiene una explicación: el interés político».

El economista coincide con el catedrático de CUNEF Santiago carbó, con el que dialoga en el audio, en que en la nueva propuesta del Gobierno «no hay nnguna fibalidad de corregir ningún defecto del actual sistema de financiación, ni de corregir ninguna infrafinanciación de ninguna comunidad autónoma, sino simplemente un puro y duro interés político de un Gobierno débil y debilitado que quiere extender su permanencia todo el tiempo que pueda. Lo que pasa en este caso ya es demasiado descarado».

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