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El Gobierno ya está dándole vueltas al modo de presentar de nuevo la subida de las pensiones sin la trampa de asociarla a la paralización de los desahucios. Cuando la propongan por separado, saben que todos los partidos la aprobarán, pero el catedrático Carlos Rodríguez Braun cree que el problema va mucho más allá: «Todos los partidos políticos están atrapados en un círculo del que no pueden salir: si dicen la verdad a los pensionistas, probablemente pierdan las elecciones, o al menos el voto de los pensionistas», dice en el audio que puede oírse sobre estas líneas, en diálogo con el también catedrático Rafael Pampillón.

«Nadie se atreve a reformar un sistema que es insostenible salvo que se cruja a los trabajadores con más cotizaciones e impuestos. Entonces la estrategia es seguir pateando el balón hacia adelante», añade.

El Gobierno ejerce el trilerismo con las pensiones, como también trata de ejercerlo Yolanda Díaz ofreciendo a la CEOE bonificaciones en el Impuesto de Sociedades a cambio de que voten a favor de la subida del salario mínimo interprofesional.

El trilerismo alcanza también a la regularización masiva de inmigrantes que acaba de anunciar el Gobierno: «Lo presenta como un acto humanitario, pero hay que hablar del impacto económico: de la presión sobre los servicios públicos; sobre el transporte, también el ferroviario; sobre el mercado de vivienda, los salarios más bajos... España necesita una inmigración ordenada, vinculada a los puestos de trabajo libres, al empleo que paga cotizaciones sociales», apunta en el audio Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad San Pablo CEU y la Universidad Villanueva.

Pampillón incide en que el Gobierno «no puede convertir esta política en un gesto electoralista», y Rodríguez Braun cree que ya lo está haciendo: «Puestos a pensar mal del Gobierno, lo que están intentando es cambiar el censo; buscar clientela. Es una visión a medio plazo, porque una cosa es regularizar a un inmigrante y otra que tenga derecho a voto».

La regularización afecta al inmigrante que ya está en España trabajando en negro, que «pasa a trabajar en blanco y a pagar impuestos y cotizaciones». Rodríguez Braun piensa que la regularización puede producir un efecto llamada, y coincide con Pampillón en que tiene «poco de humanitaria».

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La idea del Gobierno de dar 4.700 millones de euros más a Cataluña sigue creando polémica tres días después de que todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, se hayan manifestado en contra de que se haga.

En el audio que puede oírse al principio de estas líneas, el economista Diego Barceló explica que el sistema de financiación territorial existente actualmente en España «es muy malo» porque empezó en el año 2009: «Se hizo lo peor que se puede hacer: cambiar el sistema de financiación en medio de una crisis. Se prometió a todos que se les daría lo mismo, una suma fija que cada dos años se revisaría y se compensaría la diferencia. Es un sistema burocratizado y lento. Las comunidades no saben cuánto tienen para gastar. Es un desastre, y todavía es más desastre cuando se le quiere quitar a todos para darle a una de las comunidades más ricas -Cataluña-. Es un verdadero desastre que solo tiene una explicación: el interés político».

El economista coincide con el catedrático de CUNEF Santiago carbó, con el que dialoga en el audio, en que en la nueva propuesta del Gobierno «no hay nnguna fibalidad de corregir ningún defecto del actual sistema de financiación, ni de corregir ninguna infrafinanciación de ninguna comunidad autónoma, sino simplemente un puro y duro interés político de un Gobierno débil y debilitado que quiere extender su permanencia todo el tiempo que pueda. Lo que pasa en este caso ya es demasiado descarado».

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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es heredera del Instituto Nacional de Industria (INI), el Instituto Nacional de Hidrocarburos y la Dirección General de Patrimonio, que tenía también unas participaciones empresariales muy importantes después de los procesos de privatización que se llevaron a cabo en los años 80.

Aznar decidió que el Estado saliera de las empresas participadas cuando gobernó entre los años 1996 y 2004, y aquello sirvió a España para cumplir con los objetivos de déficit público y entrar en la Unión Europea. Sánchez ha decidido romper con esa idea y que el Estado vuelva a participar en empresas privadas como Telefónica. «La entrada en Telefónica y algunas otras se ha hecho con participaciones minoritarias. Su finalidad es simplemente colocar gente en los consejos de administración y satisfacer el ansia estatalista que tiene el actual Gobierno», afirma el catedrático Mikel Buesa en el audio que puede oírse al principio de este texto.

En la SEPI «hay empresas muy mal gestionadas, como por ejemplo Radio Televisión Española. En ellas los gobiernos han ido colocando gente bien remunerada a pesar de que las empresas no han ganado dinero o han ganado muy poco, y muchas de ellas lo han perdido a espuertas. No tiene mucho sentido mantener un tinglado como este», añade Buesa.

Pin Arboledas recuerda en este mismo audio que en una ocasión habló con un ex presidente del INI, Claudio Boada: «Me dijo que el director o presidente de una de estas compañías no podía tener otro negocio. Al parecer hay ex presidentes que tenían negocios aparte de la presidencia».

Los dos expertos coinciden en que las tentaciones de corrupción son muy grandes en este tipo de empresas, y que por eso deben situarse en ellas profesionales con un compromiso ético alto y poner más elementos de control.

Buesa y Pin Arboledas hablan también en el audio sobre la renuncia del Gobierno español a pedir 60.000 millones de fondos europeos. «Se han dado cuenta de que son incapaces de invertirlos», sostiene Pin Arboledas.

También comentan la renuncia de la Comisión Europea a prohibir la venta de coches de combustión más allá del año 2035, en contra de lo que hubiera querido Pedro Sánchez, que escribió una carta a la presidenta del ente para que mantuviera esa fecha. «El Gobierno español opera con una ideología completamente absurda: si todo es verde, viviremos una felicidad completa, pero a lo mejor con esa ideología nos arruinamos», señala Buesa. «Los niveles de contaminación de Estados Unidos son notoriamente más bajos que en Europa. La política que se ha llevado a cabo aquí no ha cumplido siquiera sus objetivos. Por tanto, es una política fracasada. Que se haya corregido en el último momento y un poco de mala manera, bajo la presión sobre todo de Alemania, es una buena noticia, y que en esta batalla haya perdido Sánchez, es una noticia excelente», concluye. La industria automovilística europea y española lo celebran. «Tenemos varias tecnologías que están compitiendo, y que acabarán definiendo por dónde se encauzará la industria automovilística. Es algo que no está resuelto. Por tanto, no puedes eliminar tecnologías que son viables o que pueden acabar siéndolo», explica Buesa.

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La nueva propuesta del denominado Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo acerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue provocando críticas. Su idea es volver a subir el SMI en 2026 entre un 3,1 % y un 4,7 %, con lo cual pasaría a estar entre 1.221 y 1.240 euros mensuales.

«El salario mínimo se está acercando cada vez más al salario medio que hay en España. Proporcionalmente, cada vez más personas cobran el salario mínimo», recalca el catedrático Carlos Rodríguez Braun. «Es como si tuvieran un plan siniestro a largo plazo para tener a todo el mundo empobrecido y dependiente del Estado», añade, en el audio que puede oírse al principio de este texto.

El profesor piensa que los expertos que proponen estas medidas deberían pagar por los daños que provocan: «Jamás padecen las consecuencias del incremento de costes que provocan estas medidas. No es lo mismo Madrid que Extremadura ni una multinacional que una empresa pequeña. Para una pyme subir el salario mínimo puede ser la diferencia entre vivir y morir».

En la misma línea se mueve el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, a quien también puede oírse en el audio de este artículo: «Esta medida, que se introdujo para proteger y elevar el nivel de vida de los trabajadores menos favorecidos, se está volviendo totalmente contra ellos; sobre todo contra los que tienen menor formación, experiencia y productividad».

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La economía española que el Gobierno dice que va como un cohete ha recibido estos días varios varapalos. Los más significativos han llegado de la Comisión Europea y de la OCDE, que directamente ha dicho que nos dirigimos al colapso si no arreglamos cuestiones como el sistema de pensiones. Mientras tanto, una economía como la argentina, que venía de muy abajo, va resurgiendo de sus cenizas: «Para mí la mayor diferencia cuando se compara la situación de Argentina con la de España es que Milei no miente, mientras que nosotros estamos gobernados por un mentiroso sin escrúpulos», señala el economista y profesor de la Universidad CEU San Pablo Diego Barceló.

Sus declaraciones pueden oírse en el audio que hay sobre estas líneas, en las que conversa con el economista Daniel Lacalle. Lacalle estuvo la semana pasada en Buenos Aires con el presidente de Argentina, Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de gabinete y ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el jefe de gabinete Manuel Adorni, entre otros. «La diferencia entre lo que está ocurriendo en Argentina y lo que se estaba viendo en los dos últimos años, es espectacular. La economía está creciendo al 4 %, han salido de la pobreza dos millones de personas, y en las calles se nota. Por ejemplo, ya no vas a un restaurante y te dicen que si pagas en metálico te hacen un descuento del 40 %. No ves en las tiendas opciones de pagar en diez o doce cuotas. Todo eso son factores relevantes. Argentina está saliendo del erial socialista que heredó».

Tras su rotunda victoria en las recientes elecciones legislativas, les queda mucho por hacer. Aunque la economía vaya bien, son conscientes de que tienen que dar también otras batallas: «Cuando llega un gobierno y arregla el desastre dejado por el socialismo, la gente deja de pensar en la economía. Parece que dan por hecho que la economía va bien por cuestiones externas en vez de por políticas. Son conscientes de que hay que seguir dando la batalla cultural y de las ideas, porque el ciudadano se acomoda y, de repente, escucha al kirchnerismo decir que ellos proponen un programa de crecimiento inclusivo que luego es una miseria. Hay que dar la batalla».

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Entre los economistas y el público en general se habla a veces de la contradicción entre las cifras macroeconómicas que alaba el Gobierno y las microeconómicas (las que afectan a empresas y familias), que da la impresión de que no van tan bien. En opinión de Mikel Buesa, catedrático de la Complutense, no existe tal contradicción: «Si los jóvenes no encuentran posibilidades para su vida independiente, tenemos un enorme problema de vivienda y las mayores tasas de pobreza de Europa, entre otras cosas, no podemos decir que la economía va bien. No hay contradicción entre la micro y la macro. Si la micro va mal, si la gente vive peor, es que la macro no va bien. Nos están engañando».

Las declaraciones de Buesa, que pueden oírse en el audio que hay al principio de estas líneas en una conversación que mantiene con el también catedrático Rafael Pampillón, tienen que ver con la reciente petición de amparo al Congreso de la presidenta de la AiREF para que el Gobierno no interfiera en su estudio de la gestión de las pensiones.

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