No cabe duda de que un ambiente sano es la base para el desarrollo de una vida saludable y equilibrada con los seres vivos, incluidos nosotros como humanos. Este escenario es tan importante, que alrededor del mundo existen leyes y políticas públicas enfocadas en la protección de los recursos naturales y sus ecosistemas.

Sin embargo, los drásticos cambios de temperatura, la calidad del aire, la generación de residuos sólidos o la deforestación siguen presentes en casi todo nuestro planeta, lo que nos plantea dudas sobre el cumplimiento de estas normativas.

En México el escenario también es complejo, por lo que comunidades, académicos, activistas y otros integrantes de la sociedad civil siguen luchando por el derecho a un ambiente sano, pero…

¿A qué se refiere el derecho a un ambiente sano?, ¿quiénes son los encargados de garantizar este derecho? y ¿cuáles son las luchas ambientales que se presentan actualmente en nuestro país?

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Morena y el PAN han intensificado las acusaciones en contra de Rubén Rocha Mora y María Eugenia Campos, gobernadores de Sinaloa y Chihuahua, respectivamente. Tanto la oposición como el oficialismo exigen medidas que van desde un juicio político hasta la desaparición de poderes en dichas entidades.

Mientras la disputa entre partidos políticos sigue causando polémica, persiste un escenario ya discutido en múltiples ocasiones en nuestro país: el nivel de confianza en los gobiernos, la transparencia de las instituciones y el alcance de la justicia por parte del Estado.

En estos días, gobernar no solo implica administrar recursos o tomar decisiones, sino también sostener la credibilidad frente a una ciudadanía cada vez más crítica y desconfiada.

Pero, ¿la ciudadanía castiga igual a todos los partidos?, ¿qué implicaría la desaparición de poderes o un juicio político para la población?, y ¿qué pesa más hoy: el poder institucional o la confianza ciudadana?

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Esta semana se dio a conocer el caso de un grupo de ciudadanos que denunciaron ser víctimas de un fraude inmobiliario en el municipio capital. De acuerdo con los afectados, les ofrecieron inmuebles que serían remodelados para usarse como departamentos en el fraccionamiento Primavera. Pese a que pagaron más del 50% del costo, los departamentos jamás terminaron de construirse y por ende, nunca fueron habitados.

El caso puso sobre la mesa el esquema con el que operan algunas empresas inmobiliarias, especialmente aquellas que solicitan dinero a los compradores antes de construir los desarrollos que prometen, sin garantías a futuro.

Lamentablemente no es la primera vez en que se detecta un posible fraude inmobiliario en Aguascalientes. De hecho, desde hace tiempo las autoridades municipales han advertido de la existencia de proyectos que ya se ofertan en plataformas digitales y espectaculares, pese a que no cuentan con todos los permisos correspondientes.

¿Cuáles son los fraudes inmobiliarios más comunes?, ¿por qué se permiten esquemas de venta riesgosos? y ¿qué pueden hacer las personas afectadas ante una situación así?

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